‘El ejemplo mexicano permite establecer cuáles son los resultados cuando se permea el sistema y se entroniza... la corrupción'
La reciente y rocambolesca huida del líder de uno de los carteles mexicanos de drogas del centro carcelario donde estaba detenido, crea muchas dudas sobre el tipo de políticas penales que existen en México. Uno de los indicadores de este clima, lo constituye la cantidad de funcionarios que han sido sometidos a investigación para determinar su vinculación o relación con la bien estudiada fuga que abre más interrogantes que respuestas.
Este escenario en el contexto de la gran nación norteamericana, pone bajo la lupa las dinámicas institucionales que se establecen para el desarrollo de todo el sistema de atención a la realidad delictiva en nuestros países.
En esta dimensión, hemos escuchado al ministro panameño de Seguridad brindar informes públicos sobre las estadísticas del sector y defender los resultados que exponen sobre el decrecimiento local de los hechos de violencia.
Evidentemente que un saldo negativo —es decir, el aumento de las cifras— pondría en entredicho el trabajo que se cumple; mientras que la disminución de las transgresiones, implica que comienzan a dar resultado las estrategias que se aplican.
Un panorama de esta naturaleza, no debe tan solo llenar de entusiasmo a las autoridades, porque hay que incluir en el análisis, además de los indicadores cuantitativos, los aspectos cualitativos. Hay menos delitos, pero una diversidad y gravedad creciente.
Cada vez que se hacen revisiones en los centros penales del país, se encuentra un caudal de armas y accesorios de todo tipo, aparatos de comunicación electrónica y pintorescos hallazgos —hasta gallos de pelea—, que denotan o una falta de seguimiento de los responsables o, en el peor de los casos, un creciente nivel de corrupción de aquellos a quienes corresponde esta tarea de administrar el encierro de personas que evidencian estas conductas.
¿Cómo hace una cajeta de cigarrillos, una pinza, un abrelatas, un cuchillo, un gallo, drogas, un celular de última generación, un televisor plasma y otros efectos para pasar por todo el enrejado, puertas cerradas con llave, pasillos y llegar hasta los aposentos carcelarios? ¿Cómo es posible que una empleada doméstica o una persona en su casa u oficina, reciban una llamada y queden involucrados en un esquema de extorsión que se inicia en una celda lejana?
Algunos confunden aquella medida de rehabilitación, donde se tiene un grado de confianza en el individuo privado de libertad y se trata de construir en él un nuevo perfil; con una permisibilidad fuera de todo análisis o valoración y que termina por afectar a terceros y sobre todo al propio sistema y a la gestión.
Lo primero, permitiría a la sociedad recibir un ciudadano fortalecido en sus valores, como resultado de un proceso que tiene lugar entre rejas. Lo segundo, es la reducción de toda política a un amiguismo, al juega vivo tan propio del desempeño de diferentes sectores en el país y que suele ser un hoyo tan profundo donde se cae, que impide alcanzar las metas que reflejen la eficiencia en el cumplimiento de las tareas y en este caso, de la propia seguridad.
No soy experto en políticas de corrección ni aspiro a serlo. Pero tengo conciencia de que existen lineamientos en esta materia que se alimentan con aportes de la ciencia social, un impecable desempeño de los individuos, tanto civiles —custodios, técnicos, abogados y administrativos— como del componente policial —en cada uno de sus grados— que tiene responsabilidades específicas y también, un alto sentido de ética.
Cada ac ción que involucre a uno de los actores mencionados, tiene una implicación y trascendencia. Ésta puede ser positiva o lo contrario. Depende de si se siguen los procedimientos o se vulneran. El ejemplo mexicano permite establecer cuáles son los resultados cuando se permea el sistema y se entroniza el enrarecido tufo de la corrupción.
